Columna escrita por Feline Freier, directora de la Cátedra IDRC de Investigación en Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico, para El Comercio.
El COVID-19 no discrimina por estatus social, nacionalidad o situación migratoria; las políticas y la opinión pública, sí. Con la llegada de las primeras vacunas al país, y en el contexto del escándalo ‘vacunagate’, es importante recordar que no se trata de inmunizar solo a un grupo selecto de personas, sino que se requiere de una estrategia que proteja a la sociedad en general lo más rápido posible, comenzando por los más vulnerables. Entre estos últimos, se encuentran muchos inmigrantes y refugiados.
La pandemia pone de relieve –e intensifica– la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas en la región, como la venezolana o la haitiana, al igual que la situación de muchos migrantes extracontinentales. Además de enfrentar dificultades por el confinamiento, la pérdida del empleo o situaciones laborales precarias y desalojos, todo esto en un contexto limitado (o inexistente) de protección social, también experimentan discriminación y xenofobia, y temen ser detenidos y/o deportados. Según un estudio que realizamos en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, a mediados del 2020, la mayoría de inmigrantes y refugiados venezolanostemía contactar con hospitales u otras autoridades nacionales en caso de necesitar atención médica.
A su vez, los extranjeros en situación irregular son más propensos a contraer el virus, debido a sus condiciones de vida precarias. Dada la interdependencia entre los miembros de una comunidad, en términos de salud pública, las políticas que mantienen a los inmigrantes en situación irregular, o que no los incluyen en los programas de vacunación, representan un riesgo no solo para los propios inmigrantes, sino para el público en general. Por ende, es necesario un cambio de paradigma hacia una perspectiva de salud pública y seguridad humana en nuestra política de inmigración. Tales consideraciones urgen el desarrollo de políticas inmigratorias que promuevan vías legales para la movilidad y mecanismos de regularización como un instrumento clave para combatir y prevenir la precariedad socioeconómica de los extranjeros, y por ende, las pandemias.