Feline Freier, directora de la Cátedra IDRC en Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico, fue entrevistada para una nota del diario El Mercurio de Chile sobre las medidas que están tomando los países receptores frente a la creciente inmigración y qué otras alternativas existen.
La crisis migratoria que atraviesa América Latina, y que se ha agudizado en el último tiempo en Perú y Chile, ha vuelto a poner el foco de atención en la necesidad de cooperar a nivel regional para gestionar los flujos de personas que transitan por el territorio. Algunas autoridades han propuesto estrategias como la creación de centros de detención para albergar a quienes estén esperando regularizar su situación, como se hace en México o Estados Unidos, mientras que otros plantean establecer corredores humanitarios o expandir las visas de trabajo siguiendo el ejemplo colombiano.
Los planes para frenar las olas migratorias surgen luego de que se registrara, durante el último año, un fuerte aumento en el flujo migratorio en la región, con más de 2,76 millones de personas en situación irregular interceptadas por EE.UU. en la frontera con México, la mayor cifra desde 1960. En su mayoría, se trata de venezolanos, haitianos, colombianos y nicaragüenses que huyen de conflictos armados, la inestabilidad política y la crisis económica.
Para contener este flujo migratorio, entre las medidas más polémicas, se ha propuesto el establecimiento de centros de reclusión, en los que se mantiene detenidas a las personas que han ingresado al país por vías irregulares. La estrategia, no obstante, es rechazada por los grupos de organizaciones humanitarias que, acusan, atentan contra los derechos de las personas en tránsito, y han llevado al descenlace de serias tragedias como el incendio, en marzo, de un centro en Ciudad de Juárez, México, en el cual al menos 40 personas fallecieron en medio de una protesta por mejores condiciones dentro del centro y en contra de su posible expulsión.