Inmigración y nueva gestión municipal
Feline Freier, Soledad Castillo y Oscar Rosales | 11/01/2023
Columna escrita para La República por Feline Freier, Soledad Castillo y Oscar Rosales de la Cátedra IDRC de Investigación en Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico.
Con casi 1.5 millones, Perú es el segundo país de acogida para migrantes y refugiados venezolanos. Lima alberga más de un millón de ellos, lo cual representa el 10% de la población de la ciudad. Nuestra capital ya es la ciudad con la mayor población de migrantes venezolanos fuera de su país. Y si incluimos las urbes de Venezuela, Lima es la quinta ciudad con mayor población venezolana en el mundo.
En el contexto de la prolongada crisis política interna, los migrantes y refugiados venezolanos se han convertido a menudo en chivos expiatorios a los cuales culpar de los problemas como el desempleo y el aumento de la inseguridad. Esto último a pesar de que las denuncias contra ellos representan menos del 1.5% del total de las reportadas por la PNP y que, en proporción, reciben menos denuncias que las personas de las demás nacionalidades juntas (incluyendo la peruana).
No es extraño, entonces, que la gestión migratoria formara parte del debate entre candidatos municipales. Elizabeth León (Frente de la Esperanza) planteó un lamentable empadronamiento de ciudadanos venezolanos como medida preventiva del delito. De manera similar, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) se mostró partidario de exigir a los centros comerciales que proporcionen datos de sus trabajadores extranjeros. Sorprendentemente, Rafael López Aliaga enfocó el tema de manera diferente en su plan de gobierno. Propuso implementar un “Plan integrador contra la delincuencia común” abierto a la participación de vecinos peruanos y extranjeros. Este enfoque es positivo, porque, en lugar de culpabilizarlos, busca comprometer a los migrantes con la seguridad de la ciudad en la que ellos también desarrollan sus actividades cotidianas.
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