¿Lucha contra la inseguridad o contra los migrantes?
Oscar Rosales y Andrés Devoto | 21/02/2023
Columna escrita para El Comercio por Oscar Rosales, investigador de la Cátedra IDRC de Investigación en Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico, y Andrés Devoto, investigador Asociado del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social CONURB PUCP.
La semana pasada se publicó la Ley 31689, que modifica las condiciones para que los migrantes puedan alquilar una vivienda en el Perú. Esta fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República luego de que el Ejecutivo la observara y tras recibir numerosas críticas de la sociedad civil. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha comunicado que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Esta ley ha creado una nueva obligación para los arrendadores de inmuebles: deben exigir a los migrantes (tanto al posible arrendatario como a quienes vivirán con él) que demuestren que se encuentran legalmente en el Perú. No solo eso: los arrendadores deben informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones qué extranjeros vivirán en sus inmuebles.
La razón por la que se han hecho estas modificaciones la encontramos en su título, que revela que fue aprobada “en el marco de la seguridad ciudadana”. En la sustentación de la norma, la congresista Maricarmen Alva explicó el razonamiento de sus impulsores: “Es importante que los extranjeros […] puedan identificarse y, además, consignar su domicilio en nuestro país, a fin de que en el caso hipotético de que cometieran alguna falta o delito se pueda hacer una idónea investigación fiscal conjuntamente con la Policía Nacional”.
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