¿Quiénes son los regufiados?, por Feline Freier y Oscar Rosales Krumdieck

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Feline Freier y Oscar Rosales | 23/06/2024

Cuando imaginamos a una persona que necesita protección internacional, lo usual es que pensemos en víctimas de alguna guerra sangrienta o personas perseguidas por sus opiniones políticas, religión o por su pertenencia a cierto grupo social. Pensamos en los sirios que huyen de la guerra civil, en los ucranianos que escapan de la invasión rusa o en los palestinos que han tenido que dejar sus hogares a causa de los ataques aéreos israelíes. Esta imagen de quiénes son los refugiados tiene su origen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, aprobada en 1951 en Ginebra.

Sin embargo, alrededor del mundo, el término refugiado no aplica solamente a las personas que reúnen estas características. América Latina, de hecho, es una región que, al menos en teoría, se encuentra a la vanguardia en lo que respecta a la protección jurídica de los desplazados forzosos. Hace 40 años, a raíz de las guerras civiles y violaciones de derechos humanos que llevaron al desplazamiento masivo de personas en Centroamérica, representantes de varios países latinoamericanos elaboraron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.

Esta declaración, innovadora a nivel mundial, también considera como refugiados a los que escapan de sus países “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Al día de hoy, la mayoría de países de América Latina ha adoptado total o parcialmente la definición de refugiado de Cartagena en sus normas nacionales. Es por ello que las Naciones Unidas considera que nuestra región es líder en el mundo en materia de protección de refugiados –por lo menos en el papel. En el caso del Perú, la Ley de Refugiados ha adoptado casi en su totalidad la definición de Cartagena, únicamente excluyendo la expresión “violencia generalizada”.

A pesar de ello, cuatro décadas después, la gran mayoría de países latinoamericanos no está dispuesta a poner en práctica sus propias normas nacionales.