¿Qué significará el fraude electoral para el desplazamiento desde Venezuela?

María Gabriela Trompetero | 30/07/2024

Foto: Hugo Londoño

El 28 de julio se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones presidenciales en un ambiente de participación pacífica y masiva, a pesar de que el proceso electoral no fue ni justo ni libre. El gobierno de Nicolás Maduro impuso una serie de obstáculos a los más de 5 millones de posibles electores venezolanos en el extranjero, permitiendo que solo 69.189 estuvieran habilitados para votar. Además, la campaña electoral en Venezuela se desarrolló en medio de persecuciones y detenciones arbitrarias de personas de todos los estratos sociales que mostraron su apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la unidad opositora. González es el candidato que sustituyó a María Corina Machado, líder electa como candidata presidencial en las primarias de la oposición, quien fue inhabilitada por el gobierno de Maduro. Estas violaciones se suman al bloqueo comunicacional de medios independientes y el uso de los recursos del Estado para apoyar al candidato oficialista y actual presidente, Nicolás Maduro Moros, entre otras infracciones.

Pasada la medianoche del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, declaró que ya se había escrutado el 80% de las mesas y que el actual mandatario obtenía el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González.

Estos resultados han sido rechazados contundentemente por la oposición venezolana y no han sido reconocidos por la mayoría de los países de las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, entre otros), ni por la Unión Europea. No obstante, sin proporcionar ningún tipo de detalles sobre los resultados, el CNE proclamó el 29 de julio a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Por su parte, el Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales independientes en la elección, hizo un llamado al CNE para que publicara los resultados detallados de los comicios. Adicionalmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que durante el proceso electoral se observó que el régimen utilizó “su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral”.

Este ambiente de fraude electoral generó más de 187 protestas en 20 estados del país hasta las 6 p.m. del 29 de julio, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Muchas de estas manifestaciones se desarrollaron en zonas populares, donde se rechaza el intento del régimen de Nicolás Maduro de cometer fraude. Parte de estas protestas han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Foro Penal confirma al menos seis asesinatos y 132 detenciones verificadas hasta la mañana del 30 de julio. Por su parte, fuentes extraoficiales han contabilizado 14 fallecidos en este contexto.

La oposición venezolana ya cuenta con más del 70% de las actas que dan como ganador a Edmundo González, quien obtuvo 6.275.182 votos (73%), frente a los 2.259.256 votos (26%) de Nicolás Maduro. Además, la oposición ha creado una página web donde los votantes pueden ingresar su número de cédula para verificar que el acta del centro donde ejercieron su voto concuerde con el resultado que escucharon durante el conteo manual. Este conteo fue acompañado por la ciudadanía al final de la jornada, a pesar de las numerosas trabas impuestas por el gobierno de Maduro.

¿Cómo impacta esta situación a la migración forzada venezolana?

Según un estudio de Meganalisis realizado en mayo de 2024, el 41,1% de los encuestados manifestó su intención de emigrar si el país no experimentaba un cambio político tras los comicios. En el contexto actual, es altamente probable que la migración venezolana aumente considerablemente, no solo debido a la persistente crisis humanitaria en el país, sino también porque el régimen de Nicolás Maduro continúa violando masivamente los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, aún más en el contexto de las actuales protestas masivas.

Como diversos investigadores han observado, las políticas migratorias en la región han ido girando hacia el cierre y la securitización, alejándose de la solidaridad demostrada al inicio del fenómeno de movilidad humana venezolana hace más de siete años. Estas respuestas restrictivas en países como Chile, Perú, Ecuador e incluso Colombia, que no ha extendido los plazos para que los venezolanos puedan acceder al Estatuto Temporal de Protección, provocarán que más personas venezolanas migren en situación de vulnerabilidad a través de rutas peligrosas para su seguridad, como la Selva del Darién. Esta ruta, que desde enero de 2023 hasta mayo de 2024 ha sido transitada mayoritariamente por venezolanos (438.525 personas, según cifras de Migración Panamá), representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los migrantes y refugiados.

El llamado a los países del mundo es que continúen presionando para que el régimen autoritario de Nicolás Maduro respete los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones y muestre las actas del proceso electoral a la oposición y a los observadores internacionales. Este sería el primer paso para evitar que los venezolanos se vean obligados a salir de su país de forma masiva. Además, un cambio político generaría perspectivas de mejora económica y social a mediano y largo plazo, lo que también incentivaría a muchos venezolanos a regresar a su país.

Simultáneamente, los gobiernos que han adoptado políticas más restrictivas deben volver a respuestas solidarias de atención y regularización migratoria, y utilizar instrumentos de protección internacional que no han sido considerados ampliamente por los países de la región, tal como lo exige la situación venezolana.

Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, y lo que ocurra en estos días determinará si el éxodo se exacerbará o no.

María Gabriela Trompetero es docente e investigadora en temas migratorios, Universidad de Bielefeld, Alemania. Además, es investigadora afiliada de la Cátedra IDRC de la Universidad del Pacífico.