Año: 2024

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio.

“¡Cierren las fronteras, no más migrantes!” es una expresión que lamentablemente resuena en toda Sudamérica y más allá. Los gobiernos de países receptores de migrantes han propuesto diversas, y a menudo costosas, medidas para frenar la migración masiva: desde la imposición de visas hasta la construcción de muros y barreras de alambre, pasando por el despliegue militar, los bloqueos navales e incluso los vuelos a terceros países. Pero la pregunta clave es: ¿funcionan realmente estas medidas?

En un reciente estudio académico, analicé esta cuestión enfocándome en la crisis migratoria venezolana en Sudamérica. Desde el 2015, alrededor de ocho millones de venezolanos han dejado su país debido a la crisis política y económica. De ellos, más de seis millones han migrado a países de la región. Un factor clave en este contexto es la naturaleza porosa de las fronteras latinoamericanas, que son vastas y difíciles de patrullar. Entonces, ¿pueden las restricciones de visado frenar la migración en tales circunstancias?

A pesar de haber firmado la Declaración de Quito en el 2018, que promovía la migración segura y legal, en el 2019 el Perú, Chile y Ecuador introdujeron requerimientos de visas. Mientras tanto, países como Argentina, Brasil y Uruguay mantuvieron sus fronteras abiertas, permitiendo el ingreso solo con documentos de identidad. ¿Qué sucedió después?

Utilizando datos de la Acnur, descubrí que la imposición de visas aumentó en un 38% la probabilidad de que los migrantes optaran por rutas irregulares y en un 41% la de que no tuvieran un estatus migratorio legal. Antes de estas restricciones, solo el 15% de los venezolanos ingresaba de manera irregular a Chile, Ecuador y el Perú, una cifra que se disparó a más del 40% tras la imposición de visas. Además, el número de migrantes sin estatus legal en estos países pasó de poco más de un quinto a más de la mitad.

Dados estos resultados, ¿qué deberían hacer los gobiernos de la región si la migración venezolana vuelve a aumentar? Lo que está claro es que cerrar las fronteras no es la solución. Desalentar la migración legal y segura suele ser contraproducente. Además, con la excepción de Colombia, la mayoría de los países sudamericanos han evitado hasta ahora programas de regularización masiva, lo que resulta en cientos de miles de venezolanos en países como Chile, Ecuador y el Perú que aún carecen de un estatus migratorio regular, años después de haber migrado hacia esos países, con claros efectos negativos sobre su integración social, psicológica y en el mercado laboral.

Los gobiernos de toda la región deberían unirse para acordar oficialmente una respuesta común a la probable próxima ola de desplazamiento venezolano tras las elecciones fraudulentas, si no se logra un cambio de régimen. Es necesaria una nueva Declaración de Quito, en la que se acuerden normas comunes para la recepción de migrantes y refugiados venezolanos. Por ejemplo, deberían acordar permitir que los venezolanos migren solo usando sus cédulas de identidad, algo que ya ha sido posible en ciertos países de Sudamérica, dado el alto costo de obtener un pasaporte y otros documentos necesarios.

A pesar de la presión internacional, lamentablemente el régimen venezolano no muestra intención de dejar el poder. Por lo tanto, la única opción sensata para los países de la región y Estados Unidos, además de apoyar una transición pacífica, es garantizar rutas seguras para aquellos que buscan un futuro digno para ellos y sus familias.

Como los resultados de mi estudio sugieren, la respuesta a las recientes elecciones robadas por el gobierno de Maduro en Venezuela debe centrarse en políticas migratorias humanitarias y pragmáticas. La estabilidad de la región y el bienestar de millones de personas dependen de ello.

Foto: Hugo Londoño

El 28 de julio se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones presidenciales en un ambiente de participación pacífica y masiva, a pesar de que el proceso electoral no fue ni justo ni libre. El gobierno de Nicolás Maduro impuso una serie de obstáculos a los más de 5 millones de posibles electores venezolanos en el extranjero, permitiendo que solo 69.189 estuvieran habilitados para votar. Además, la campaña electoral en Venezuela se desarrolló en medio de persecuciones y detenciones arbitrarias de personas de todos los estratos sociales que mostraron su apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la unidad opositora. González es el candidato que sustituyó a María Corina Machado, líder electa como candidata presidencial en las primarias de la oposición, quien fue inhabilitada por el gobierno de Maduro. Estas violaciones se suman al bloqueo comunicacional de medios independientes y el uso de los recursos del Estado para apoyar al candidato oficialista y actual presidente, Nicolás Maduro Moros, entre otras infracciones.

Pasada la medianoche del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, declaró que ya se había escrutado el 80% de las mesas y que el actual mandatario obtenía el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González.

Estos resultados han sido rechazados contundentemente por la oposición venezolana y no han sido reconocidos por la mayoría de los países de las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, entre otros), ni por la Unión Europea. No obstante, sin proporcionar ningún tipo de detalles sobre los resultados, el CNE proclamó el 29 de julio a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Por su parte, el Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales independientes en la elección, hizo un llamado al CNE para que publicara los resultados detallados de los comicios. Adicionalmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que durante el proceso electoral se observó que el régimen utilizó “su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral”.

Este ambiente de fraude electoral generó más de 187 protestas en 20 estados del país hasta las 6 p.m. del 29 de julio, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Muchas de estas manifestaciones se desarrollaron en zonas populares, donde se rechaza el intento del régimen de Nicolás Maduro de cometer fraude. Parte de estas protestas han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Foro Penal confirma al menos seis asesinatos y 132 detenciones verificadas hasta la mañana del 30 de julio. Por su parte, fuentes extraoficiales han contabilizado 14 fallecidos en este contexto.

La oposición venezolana ya cuenta con más del 70% de las actas que dan como ganador a Edmundo González, quien obtuvo 6.275.182 votos (73%), frente a los 2.259.256 votos (26%) de Nicolás Maduro. Además, la oposición ha creado una página web donde los votantes pueden ingresar su número de cédula para verificar que el acta del centro donde ejercieron su voto concuerde con el resultado que escucharon durante el conteo manual. Este conteo fue acompañado por la ciudadanía al final de la jornada, a pesar de las numerosas trabas impuestas por el gobierno de Maduro.

¿Cómo impacta esta situación a la migración forzada venezolana?

Según un estudio de Meganalisis realizado en mayo de 2024, el 41,1% de los encuestados manifestó su intención de emigrar si el país no experimentaba un cambio político tras los comicios. En el contexto actual, es altamente probable que la migración venezolana aumente considerablemente, no solo debido a la persistente crisis humanitaria en el país, sino también porque el régimen de Nicolás Maduro continúa violando masivamente los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, aún más en el contexto de las actuales protestas masivas.

Como diversos investigadores han observado, las políticas migratorias en la región han ido girando hacia el cierre y la securitización, alejándose de la solidaridad demostrada al inicio del fenómeno de movilidad humana venezolana hace más de siete años. Estas respuestas restrictivas en países como Chile, Perú, Ecuador e incluso Colombia, que no ha extendido los plazos para que los venezolanos puedan acceder al Estatuto Temporal de Protección, provocarán que más personas venezolanas migren en situación de vulnerabilidad a través de rutas peligrosas para su seguridad, como la Selva del Darién. Esta ruta, que desde enero de 2023 hasta mayo de 2024 ha sido transitada mayoritariamente por venezolanos (438.525 personas, según cifras de Migración Panamá), representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los migrantes y refugiados.

El llamado a los países del mundo es que continúen presionando para que el régimen autoritario de Nicolás Maduro respete los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones y muestre las actas del proceso electoral a la oposición y a los observadores internacionales. Este sería el primer paso para evitar que los venezolanos se vean obligados a salir de su país de forma masiva. Además, un cambio político generaría perspectivas de mejora económica y social a mediano y largo plazo, lo que también incentivaría a muchos venezolanos a regresar a su país.

Simultáneamente, los gobiernos que han adoptado políticas más restrictivas deben volver a respuestas solidarias de atención y regularización migratoria, y utilizar instrumentos de protección internacional que no han sido considerados ampliamente por los países de la región, tal como lo exige la situación venezolana.

Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, y lo que ocurra en estos días determinará si el éxodo se exacerbará o no.

María Gabriela Trompetero es docente e investigadora en temas migratorios, Universidad de Bielefeld, Alemania. Además, es investigadora afiliada de la Cátedra IDRC de la Universidad del Pacífico.

Cuando imaginamos a una persona que necesita protección internacional, lo usual es que pensemos en víctimas de alguna guerra sangrienta o personas perseguidas por sus opiniones políticas, religión o por su pertenencia a cierto grupo social. Pensamos en los sirios que huyen de la guerra civil, en los ucranianos que escapan de la invasión rusa o en los palestinos que han tenido que dejar sus hogares a causa de los ataques aéreos israelíes. Esta imagen de quiénes son los refugiados tiene su origen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, aprobada en 1951 en Ginebra.

Sin embargo, alrededor del mundo, el término refugiado no aplica solamente a las personas que reúnen estas características. América Latina, de hecho, es una región que, al menos en teoría, se encuentra a la vanguardia en lo que respecta a la protección jurídica de los desplazados forzosos. Hace 40 años, a raíz de las guerras civiles y violaciones de derechos humanos que llevaron al desplazamiento masivo de personas en Centroamérica, representantes de varios países latinoamericanos elaboraron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.

Esta declaración, innovadora a nivel mundial, también considera como refugiados a los que escapan de sus países “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Al día de hoy, la mayoría de países de América Latina ha adoptado total o parcialmente la definición de refugiado de Cartagena en sus normas nacionales. Es por ello que las Naciones Unidas considera que nuestra región es líder en el mundo en materia de protección de refugiados –por lo menos en el papel. En el caso del Perú, la Ley de Refugiados ha adoptado casi en su totalidad la definición de Cartagena, únicamente excluyendo la expresión “violencia generalizada”.

A pesar de ello, cuatro décadas después, la gran mayoría de países latinoamericanos no está dispuesta a poner en práctica sus propias normas nacionales.

Hoy, en el Día Mundial del Refugiado, desde UP Migraciones nos gustaría invitarlos a reflexionar acerca de qué implica este término. Según su definición más conocida de las Naciones Unidas, la cual proviene de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un refugiado es aquella persona que ha salido de su país y no puede o no quiere regresar a él debido a un temor fundado de ser perseguido por su Estado de origen en razón de su raza, religión, opinión política, entre otros. Por ende, implica una persecución dirigida al individuo. Sin embargo, en América Latina contamos con una acepción mucho más amplia de este término, que no se circunscribe a la acción estatal.

Quince países de la región, incluido el Perú, han incorporado en sus legislaciones nacionales la definición ampliada de refugiado pactada en la Declaración de Cartagena de 1984. Este instrumento considera como refugiados no solo a quienes tienen un temor fundado de persecución, sino también a quienes han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público.